La criminalización del parado como sospechoso de holgazanería cala en el discurso político
Con ese relato, los poderes buscan justificar el abandono a su suerte del más desfavorecido y neutralizar cualquier resistencia a las medidas de ajuste
Si es pobre, por algo será. Si le van mal las cosas, es que no se ha
esforzado suficiente. Como una lluvia fina, el pensamiento que
culpabiliza al pobre por ser pobre y al parado por no encontrar trabajo
va calando en el discurso político. Es en realidad el reverso del
ideario del liberalismo económico, que entroniza la figura del
emprendedor como modelo social y sitúa la competitividad como motor de
cualquier progreso. En fase de bonanza económica, especialmente si está
basada en dinámicas especulativas, este ideario tiene una gran
aceptación social porque siempre hay historias de éxito fulgurante que
mostrar. Pero en tiempos de crisis, puede volverse fácilmente contra los
pobres y los parados, a los que se presenta como sospechosos de
holgazanería y culpables de haber malbaratado sus oportunidades.
Aunque pocas veces se expresa abiertamente, el desprecio por quienes
necesitan ayudas públicas acaba aflorando. A veces de forma inoportuna,
como le ha ocurrido al candidato republicano Mitt Romney. Sugerir que casi la mitad de los norteamericanos son parásitos sociales
ha arruinado su carrera a la presidencia de Estados Unidos. Otras, de
forma estridente, como cuando la diputada Andrea Fabra lanzó en el
Congreso de los Diputados aquel burdo “que se jodan”
en el momento en que se debatía recortar prestaciones a los parados. Y a
veces sibilinamente, como cuando el diputado Josep Antoni Duran i
Lleida afirmó que mientras los payeses catalanes lo pasan mal, en otras
partes de España “hay campesinos que pueden quedarse en el bar de la plaza y continúan cobrando”.
Estas palabras no son inocentes. “El relato que se hace de lo que
ocurre es determinante porque contribuye a construir el marco conceptual
que servirá de referencia a la hora de valorar lo que ocurre”, explica
Montserrat Ribas, profesora de la Universidad Pompeu Fabra
y coordinadora del grupo de investigación sobre Estudios del Discurso.
Si en ese relato se introduce la idea de que los parados y los pobres
son parásitos, es presumible que cuando se decidan recortes en las
prestaciones, estos no encuentren resistencia entre quienes no sufren
esa situación.
El sociolingüista George Lakoff, autor del libro No pienses en un elefante,
ha definido el papel de estos marcos conceptuales en la conformación de
la opinión pública. Cuando la ideología conservadora, afirma Lakoff,
utiliza por ejemplo la expresión “hay que aliviar la carga impositiva”,
el marco conceptual en el que se inscribe implica una visión de los
impuestos como algo que aprieta, que oprime a la sociedad. Del mismo
modo, cuando Mitt Romney se refiere a “ese 47% de la población
norteamericana que no paga impuestos y depende de las Ayudas del
Estado”, que se siente “víctima” y se “cree con derecho a recibir
atención médica, comida o vivienda”, está diciendo que ni es víctima ni
tiene derecho a esas ayudas. Esa idea forma parte de un marco ideológico
según el cual, cada uno ha de espabilarse y si alguien es pobre o
fracasa, es por su culpa. Algo habrá hecho mal. En este marco
conceptual, los poderes se sienten legitimados para abandonar a su
suerte a los desfavorecidos.
Todo discurso político tiene un marco conceptual de referencia.
También el de la crisis. Montserrat Ribas ha observado que el relato que
se hace de la crisis está orientado a neutralizar cualquier resistencia
a las medidas que se aplican. “El relato hegemónico presenta la crisis
como una catástrofe natural, que ha ocurrido por una serie de fuerzas
que no podemos controlar y que tiene consecuencias graves para todos.
Como en las catástrofes, hay que resignarse, aceptar los sacrificios y
colaborar para salir de ella”.
Con este enfoque, la crisis no tiene responsables, ni se considera
importante determinar cómo se reparten sus cargas. Una vez instaurado
este discurso, quienes cuestionan las políticas de ajuste y se resisten a
los sacrificios son malos ciudadanos, como sugirió Rajoy en Nueva York
al ensalzar “a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de prensa”, en referencia a las protestas de la plaza de Neptuno de Madrid.
Montserrat Ribas invita a imaginar qué ocurriría si en lugar del
“relato de la catástrofe” se impusiera “el relato de la estafa”.
Estaríamos buscando a los responsables de lo ocurrido, les estaríamos
exigiendo responsabilidades políticas y penales, y exigiríamos cambios
radicales en la regulación del sistema financiero para evitar que vuelva
a repetirse. “En este relato, el papel del ciudadano es totalmente
diferente. No es de pasividad y resignación, sino de exigencia y
reforma”, señala.
Y aún hay un tercer relato posible: el de la crisis como “golpe de
Estado del capitalismo”. En este relato, la recesión es utilizada para
limitar la democracia e imponer un sistema autoritario que permita
someter a toda la población a los dictados del poder económico, en
beneficio de este.
De momento, el relato de la crisis como estafa pugna por abrirse paso
desde la plaza de Neptuno de Madrid y desde los foros sociales abiertos
al calor del movimiento del 15-M. Pero en el discurso oficial el que
predomina es el de la crisis como catástrofe.
La culpabilización de las víctimas aparece, en este contexto, como un
mecanismo de legitimación de los recortes sociales. En la presentación
del plan Prepara, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, insistió en que
se iban a aplicar medidas contra los parados que no quisieran aceptar un trabajo,
como si los parados españoles recibieran muchas ofertas de empleo.
Báñez justificó los nuevos criterios de concesión de la ayuda de 430
euros en la necesidad de hacerla más equitativa y evitar abusos. Para
justificarlo, declaró sentirse “insultada” al saber que había “hogares
que ingresan 8.000 euros, en los que un niñato recibe una paga de 400
por no hacer nada”. De entrada, hogares en los que entran 8.000 euros al
mes no hay tantos como para ponerlos como paradigma, pero lo que en
realidad la ministra encubría con esta retórica era un drástico recorte
en las ayudas, que a partir de ahora solo podrán cobrar quienes estén
prácticamente al borde de la indigencia.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció también que los
parados que reciben una prestación podrán ser requeridos para realizar trabajos comunitarios,
como limpiar bosques, y que si se niegan, se les podrá retirar el
subsidio. “En realidad, anunciaba algo que ya existe. Los trabajos de
colaboración social están regulados desde 1994. Entre 4.000 y 6.000
parados realizan este tipo de colaboraciones y si no hay más es porque
las Administraciones deben aportar la diferencia hasta el salario mínimo
interprofesional, y no tienen dinero”, explica Paloma López, secretaria
de Empleo de CC OO.
“Es curioso que cuando la pobreza ha escalado dos puntos en un año y hay
1.737.000 hogares en los que todos sus miembros están en el paro, se
insista tanto en la idea de que los desempleados no hacen suficiente
esfuerzo para poder trabajar”, añade. “Con este discurso, las víctimas
de la crisis se encuentran doblemente penalizadas: además de perder su
empleo, son sospechosos de querer vivir a costa de los demás”.
Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade,
subraya que la crisis ha aumentado la pobreza, pero muchos de los
actuales pobres ya estaban en situación de exclusión social antes de que
estallara. En la fase de máximo crecimiento España seguía teniendo un
paro estructural del 8%. “En 2007, el 18% de la población se encontraba
bajo el umbral de la pobreza. Ahora ese porcentaje es del 22% y lo que
ha ocurrido es que quienes ya eran pobres, están mucho peor”. Durante la
crisis han aumentado las diferencias sociales. “En 2007, la diferencia
del PIB per cápita medio del 20% de los más ricos era 5,3 veces mayor
que el del 20% más pobre; ahora es 6,9 veces mayor”, señala Carreras.
Hay pues más pobres que además están peor y tienen menos
posibilidades de salir del agujero. Porque justo cuando más se
necesitan, la crisis está erosionando también las políticas de inserción
social. Así lo confirma Nacho Sequeira, director de la Fundación Exit,
una entidad creada en Barcelona para facilitar la inserción laboral de
jóvenes de 16 a 21 años con un perfil de fracaso escolar. “Los alumnos
con mayores dificultades pueden salir adelante si tienen un
acompañamiento adecuado. Pero en un momento en que hay índices de paro
tan alto, las empresas demandan un tipo de trabajador que coincide con
el perfil considerado de éxito. Los jóvenes menos formados o que
necesitan un proceso de preparación más largo, tienen ahora menos
posibilidades”, señala. “Se está desmontando el discurso de la promoción
social”, corrobora Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano. “Ver que hay gente de clase media que tiene que acudir a Cáritas
o a los comedores sociales causa mucha alarma. Todo el mundo teme
encontrarse en esa situación y acepta con naturalidad que se destinen
los recursos a los casos extremos. Se está instaurando un discurso de la
urgencia en el que, como todo está muy mal y hay que atender lo más
urgente, los programas de inserción social quedan relegados”.
La consecuencia es bastante previsible: quienes están en esos
programas pasarán a engrosar en poco tiempo las listas de quienes tienen
necesidades perentorias y han de acudir a Cáritas. “La crisis puede
suponer una marcha atrás de varias décadas en las políticas de inserción
social”, advierte Isidro Rodríguez.
Esas políticas no solo son necesarias, también son económicamente
rentables. Cuando en Francia se produjo la crisis de los campamentos
gitanos, toda Europa miró hacia España. En los últimos 30 años, las
condiciones de vida de los gitanos españoles han mejorado de forma
espectacular. “El éxito se debe a dos factores: nuestro tardío Estado de
bienestar ha sido inclusivo con los gitanos; han podido beneficiarse de
políticas de acceso a la vivienda, la educación y la salud. Pero además
se han aplicado programas específicos de acompañamiento educativo, de
realojamiento o de integración en el mercado laboral”, señala Isidro
Rodríguez. El resultado es que ahora todos los niños gitanos acaban al
menos la enseñanza primaria, y el objetivo ahora es que también terminen
la secundaria. Y si en 1978, el 75% de las familias gitanas estaban
instaladas en infraviviendas, en 2007 ese porcentaje se había reducido
al 12%. Y las que viven en chabolas, hasta el 4%. Estas cifras muestran
que la inserción es posible. Que ir al colegio y vivir en barrios
normalizados abre oportunidades y no solo ellos, sino todo el país sale
beneficiado. Los programas de acompañamiento permiten que el horizonte
de un joven gitano no sea ya la chatarra o el mercado ambulante.
Pero el presupuesto de la fundación Secretariado Gitano para 2013, de
17 millones de euros, es un 20% inferior al de este año y se mantiene
gracias a que el 60% de sus fondos proceden de la Unión Europea. “Se
está aprovechando la crisis para deslegitimar este tipo de programas”,
dice su director.
Pero la pobreza no solo se nutre de colectivos en riesgo de
exclusión. Hay también nuevos perfiles de pobres que viven su situación
de precariedad con una gran angustia pues son personas preparadas que
forjaron sus expectativas en los años de bonanza. ¿Quiénes son esos
nuevos pobres? Son aquellos para los que el ascensor social, en lugar de
subir, está bajando. El discurso oficial no los trata como tales, pero
Montserrat Ribas señala dos ejemplos: “Esos jóvenes profesores asociados
de la universidad que se han quedado sin trabajo por los recortes, o
aquellos que se han quedado cobrando 500 euros al mes. También podría
incluirse a muchos de los investigadores que trabajan en una plaza Ramón
y Cajal”. Estamos hablando de jóvenes científicos que han hecho una
tesis doctoral en el extranjero y hacen investigación de primera línea.
No es que fueran unos potentados de la ciencia, pero si a un sueldo de
1.100 euros al mes se le recorta el 25%, lo que queda fácilmente cae por
debajo de los índices de pobreza. Estos talentos empobrecidos ven con
estupor que no hay dinero para la investigación, pero sí lo hay para
rescatar a la banca.
Se ha repetido que para triunfar en la vida se ha de ser emprendedor,
estar muy preparado y ser competitivo. Pero, como apunta Ignasi
Carreras, no todo el mundo tiene un perfil emprendedor, no todo el mundo
ha de hacer un negocio y por muy activo que alguien sea, si cierran las
empresas y se destruye empleo, es muy difícil encontrar trabajo. En
este contexto, la idea de que solo los mejores saldrán adelante y de que
quienes quedan relegados es porque no valen o no se esfuerzan está
teniendo efectos psicológicos devastadores en los muchos jóvenes que se
estrellan una y otra vez contra la realidad de un mercado laboral en
caída libre.
El mismo marco conceptual que permite culpabilizar a los pobres y a
los parados es el que opera en los países del norte contra los del sur.
El discurso culpabilizador genera angustia, pero también insolidaridad. Y
abre la puerta a una nueva ignominia: la competencia feroz entre los
mismos pobres por los escasos recursos disponibles. “No quiero ser
apocalíptico, pero lo peor que nos puede ocurrir es que después de la
crisis económica venga la crisis social”, afirma Isidro Rodríguez. “Los
países que mejor resisten la crisis son aquellos que tienen un Estado de
bienestar más sólido y una sociedad civil fuerte y cohesionada. No
podemos pasar del Estado de bienestar al Estado de beneficencia”,
concluye Carreras.
elpais.com
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